La campaña se basa en los resultados de la investigación "Compra pública en sistemas alimentarios globales. Impactos sociales, ambientales y económicos". Junto al informe, VSF Justicia Alimentaria Global también ha elaborado una Guía práctica para administraciones públicas, un documento de referencia para las adjudicadoras y el personal técnico de las organismos públicos. Este martes, VSF comparecerá ante el parlamento andaluz, a petición de IU y si la mayoría de diputados lo permiten.
La Comisión de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de hoy contará como compareciente (si la mayoría de diputados lo permiten) con un representante de 'Veterinarios Sin Fronteras. Justicia Alimentaria Global', ONG invitada por el Grupo de IULV-CA para que presente en la Cámara autonómica su estudio sobre especulación alimentaria y se proceda posteriormente a debate.
Según explicado Europa Press, la portavoz de Agricultura de IULV-CA, Dolores Quintana, ha asegurado que la comparecencia de agentes sociales en comisión no es nueva, sino que existen antecedentes porque el reglamento de la Cámara lo permite, pero no es algo "habitual", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de que estas entidades se "acerquen cada vez más a las instituciones" para darle "voz" a sus reivindicaciones.
En este caso, y al tratarse de una materia tan global, Quintana reconoce que la actuación de la comunidad autónoma se ve restringida, si bien "puede hacer cosas al respecto dentro de sus competencias como son denunciar públicamente que las grandes compañías alimentarias que se dedican realmente a otras cosas pero utilizan el alimento para especular, o como exigir una Política Agraria Común (PAC) más justa que regule mejor las normas alimentarias".
Para Quintana, en un momento como el actual en el que "una de las causas del incremento y la volatibilidad de los alimentos más básicos es precisamente esta especulación alimentaria que hace que el precio de productos como el cereal o el maiz se disparen y provoquen más pobreza sobre pobreza", es más necesario que nunca que se debata sobre la materia y se presenten informes tan "serios" como el elaborado por Veterinarios Sin Fronteras.
Sobre todo, según ha argumentado, porque conocer esta información de primera mano puede servir para que los grupos parlamentarios propongan medidas para "corregir" dicha especulación y "para que esto no ocurra", a ser posible, en Andalucía. IULV-CA, por ejemplo, pedirá al Gobierno andaluz que ponga en marcha iniciativas que establezcan "algún tipo de regulación" en la cadena alimentaria, de manera que no sean ni los agricultores en el origen ni los ciudadanos en el final los que "padezcan las consecuencias de esta especulación", consistente en precios que no cubren costes para los productores y son realmente caros para los consumidores finales.
Para evitar eso, Quintana aboga por luchar por una "PAC más justa" en la que se pongan "algunas normas, que cada vez tienen menos, a los mercados alimentarios", entre otros. "Nos parece muy importante esto porque no estamos solo en una crisis económica, también en una crisis alimentaria donde la población dedica (de media) más del 50 por ciento de su sueldo a la comida", ha reflexionado tras insistir en que hay que buscar "un modelo más social que acabe con la especulación".
La campaña
La organización VSF Justicia Alimentaria Global y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) presentaba esta campaña en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), durante la jornada "Compra pública de Proximidad·.
Según informa VSF en su web, la campaña "Cortocircuito" está basada en los resultados de la investigación "Compra pública en sistemas alimentarios globales. Impactos sociales, ambientales y económicos". Junto al informe, VSF Justicia Alimentaria Global también ha elaborado una Guía práctica para administraciones públicas, un documento de referencia para las adjudicadoras y el personal técnico de las organismos públicos.
Este informe pone de manifiesto algunos de los problemas más importantes del sistema agroalimentario actual que, tal y como ha afirmado Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global "está en un profundo fracaso". Según los datos presentados hoy, en los últimos años "el comercio internacional de alimentos ha aumentado un 184 %, mientras que la produccio´n de alimentos solo crecio´ el 84 %, lo cual quiere decir que estamos mareando a los alimentos, pero no teniendo más producción". Este transporte innecesario de alimentos en largas distancias provoca una gran cantidad de emisiones contaminantes.
"El actual modelo alimentario es especulativo y estandarizado y hace un esfuerzo por desvincular la producción del consumo y desvincular a los productores de los consumidores, cuando son eslabones con intereses comunes vitales", ha afirmado en este mismo sentido Miguel Blanco, Secretario General de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Por este motivo, tal y como reclama la campaña Cortocircuito, es necesario un cambio de modelo que vaya hacia la compra de proximidad, para reducir los impactos negativos sociales y ambientales y para crear empleo en el sector agrícola y ganadero, así como para retomar el vínculo entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen. "Las administraciones gastarían menos y, por tanto, es una cuestión de compromiso político", ha señalado el representante de COAG. De hecho, el informe presentado pone de manifiesto que las administraciones públicas destinan en torno a 2.600 millones de euros anuales a las compras alimentarias (para abastecer a colegios, hospitales, centros penitenciarios, bancos de alimentos...). Por tanto, las decisiones de compra de dichas administraciones son determinantes para impulsar los mercados alimentarios locales.
"Tenemos a un campesinado, una agricultura y una ganadería familiar absolutamente machacada que necesita otras formas de comercializar y vivir de su trabajo", ha recalcado Ferrán García, responsable de la Unidad de investigación de VSF Justicia Alimentaria Global. Y, por otro lado, "nos enfrentamos a una sociedad cada vez con más preferencia al consumo de alimentos de proximidad". El puente entre uno y otro lado "son los mercados locales y el circuito corto de distribución".
En la jornada también ha participado Jesús Salido, vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que ha hecho público el compromiso de dicha organización con la campaña Cortocircuito. "El hecho de que la compra de proximidad se potencie supone que se mantengan las cocinas en los comedores escolares", un punto clave para la sostenibilidad de las escuelas, especialmente en el medio rural. Tal y como ha afirmado el representante de CEAPA, "el comedor escolar no solo cumple una función alimentaria sino también de convivencia, socialización, integración con el medio y educación". Sin embargo, en los últimos años han entrado grandes empresas de catering controlar el sector de la restauración escolar, "tratándolo como si fuera un negocio y no un derecho", ha recalcado Javier Guzmán de VSF Justicia Alimentaria Global.
Experiencias de éxito ya en marcha
En la jornada se han presentado diversas experiencias de éxito que, a nivel europeo, ya se están llevando a cabo en esta línea. Así, Daniele Ara, responsable de Sportello Mense Bio de la Región Emilia-Romagna (Italia) ha explicado cómo este tipo de iniciativas se llevan trabajando en Italia desde los años 80, donde un elevado porcentaje de los comedores escolares se abastecen de productos ecológicos y de proximidad. Una gran iniciativa que demuestra que otro sistema alimentario es posible y cómo compra pública de proximidad un importante catalizador para el impulso de los mercados alimentarios locales. Para lograrlo, Ara ha destacado la importancia de que "estén coordinados en el proceso todos los entes implicados (administraciones públicas, productores, centros educativos, familias...) para encontrar estrategias compartidas".
Por su parte, Natale Marcomini, miembro de Innovative Public Organic food Procurement for Youth (iPOPY) ha presentado el trabajo de esta red europea para el intercambio y promoción de la restauración colectiva ecológica de proximidad, especialmente en el sector educativo, con experiencias en Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania e Italia. Un punto clave de su trabajo a nivel europeo ha sido el estudio de centenares de pliegos de concursos públicos para servicios de restauración. Para una elaboración de dichos pliegos desde criterios de proximidad, respeto al medio ambiente y justicia alimentaria, la campaña Cortocircuito detalla en la Guía práctica para administraciones pu´blicas cómo ponerlo en marcha.
La jornada ha contado, asimismo, con la presencia de Fernando Burgaz, director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Ana Regina Segura, Jefa de Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la AECID; Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); Blanca G. Ruibal, responsable del área de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra; y Andoni García, responsable de diversas áreas de COAG.