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Los sanitarios veterinarios debaten la responsabilidad civil y penal que puede conllevar su actividad profesional

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El Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz forma y actualiza a sus colegiados con una Jornada de Responsabilidad Profesional Veterinaria y Código Deontológico.

 

 

Responsabilidad penal y civil, pruebas periciales, informes y principales documentos legales veterinarios en el ejercicio de la actividad profesional han sido algunos de los temas tratados ayer durante la Jornada de Responsabilidad Profesional Veterinaria y Código Deontológico puesta en marcha por el Colegio Oficial de Veterinarios de Cádiz (COLVET Cádiz).

En la misma, actuaron como ponentes Alfredo Fernández Álvarez, veterinario y responsable de peritación del Consejo Nacional de Colegios Veterinarios, y Juan José Jiménez Alonso, abogado del mismo organismo. La sesión de mañana esclareció al auditorio cómo el profesional veterinario debe actuar conforme a la ley teniendo en cuenta la responsabilidad civil o penal que puede conllevar, en algún caso, su actividad profesional. Mientras que la sesión de la tarde actualizó a los oyentes conforme a los nuevos artículos incluidos en el Código Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria, entre ellos, materia salarial, uso de equipos tecnológicos, responsabilidad disciplinaria o el manejo de las redes sociales.

La jornada comenzó tratando la responsabilidad penal con supuestos prácticos de imputaciones por delitos de falsedad en documento, contra la Salud Pública, lesiones, daños, falso testimonio y funcionarios públicos relacionados con prevaricación o cohecho. “Estamos teniendo diligencias penales en las que se ven inmersos veterinarios por temas de maltrato animal, con alguna sentencia en el País Vasco relacionada con veterinarios de protectoras que han sido imputados, y que incluso luego absueltos, la Audiencia ha decidido retomar el procedimiento al considerar que puede haber indicios de maltrato a animales. En segundo lugar, los delitos de daños, que suelen ser frecuentes en explotaciones ganaderas como consecuencia de la actividad del profesional. Los delitos contra la Salud Pública suelen tener relación con la utilización de medicamentos veterinarios sin recetarlos o con límites máximos de residuos permitidos. En cuanto a los delitos de lesiones, suelen ser lesiones provocadas por actuaciones imprudentes de veterinarios, como contagios en animales”, apuntó el abogado ponente.

La segunda materia a tratar fue la referente a la responsabilidad civil profesional sanitaria del veterinario clínico, la mala praxis y las acciones de resarcimiento económico. “El Código Civil regula tres elementos que han de concurrir para que haya responsabilidad civil: una actuación del veterinario ya sea por acción o por omisión, culposa o negligente, no intencional; la producción de un daño de carácter económico; y por último, que ese daño sea consecuencia directa de la actuación del veterinario”, especificó el letrado del Consejo Nacional de Veterinarios.

Antes del receso del mediodía, los ponentes versaron sobre las pruebas periciales e informes tanto en el proceso civil como penal y tras el descanso, se pusieron sobre la mesa la utilidad e interés de los principales documentos legales veterinarios en el ejercicio de la actividad profesional: historiales clínicos, partes, certificados, consentimiento informado, recetas, necropsias, etc. Todo relacionado con las responsabilidades y obligaciones documentales de los profesionales veterinarios.

Antes de clausurar la jornada arrancó el debate sobre la responsabilidad del veterinario en el ámbito deontológico y disciplinario, con base legal y normas que la sustentan a través del Código Deontológico. “Las normas son esencialmente de dos tipos: deontológicas y estatutarias, con disposiciones generales que regulan el funcionamiento de los colegios profesionales y ordenan la actividad profesional”, argumentó Jiménez Alonso. Y tras abordar las novedades de dicho código, que suponen casi el 70% del texto, el ponente sí prestó especial atención a las sanciones más graves a las que pueden enfrentarse los veterinarios y que conllevan la expulsión o ejercicio profesional: “Desde el año 2009, la suspensión producida, por ejemplo, por el colegio de Cádiz, se extendería a todo el territorio nacional; algo que antes no estaba regulado”.

El broche final a esta cita lo puso la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Cádiz, María Isabel Paredes Serrano, quien durante la clausura destacó la importancia del papel de los veterinarios como profesionales sanitarios así como la complejidad y altura de las ponencias incluidas en la jornada.

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