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Condena a la Junta de Castilla-La Mancha por apartar a dos veterinarios que denunciaron irregularidades en un matadero

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al Gobierno de la Junta y a la compañía Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) —proveedora de elaborados cárnicos de Mercadona— por apartar de su puesto en 2016 a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que denunciaron reiteradamente inclumplimientos de la normativa de bienestar animal en el matadero de cerdos que la empresa posee en Tarancón (Cuenca), informa el periódico Público.

 

 

Según se desprende del fallo emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de esta instancia, al que ha tenido el citado medio, fue la propia Incarlopsa la que pidió la retirada de los dos funcionarios después de que estos levantaran varias actas por "numerosos casos de incorrecto e imperfecto aturdimiento" de los animales antes de ser ejecutados. "Petición que, sorprendentemente, la Administración se apresuró a satisfacer por la vía cautelar", señala el fallo.

La legislación que regula en la Unión Europea el sacrificio de ganado para consumo humano exige que los animales sean aturdidos antes de que se les provoque la muerte en un matadero, es decir, deben estar del todo inconscientes en el momento de su ejecución para evitarles el mayor sufrimiento posible. Una de esas modalidades de aturdimiento que se utilizan para los cerdos es mediante concentraciones de CO2. Según la guía de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) —dependiente del Ministerio de Sanidad— la exposición de los cerdos al gas tóxico debe ser de al menos tres minutos para "mantenerlos inconscientes hasta el sangrado y muerte". Pero esto no se cumplía en el matadero de Tarancón, donde los animales eran expuestos menor tiempo del necesario para la sedación. Facultativos consultados por este periódico aseguran que sin la suficiente exposición al CO2, los animales no están insensibilizados y sienten dolor.

Esto fue también lo que apreciaron en sus inspecciones los dos veterinarios, asegurando que existían "signos de consciencia y sensibilidad" en los animales. La empresa consideró que había una "discrepancia profesional", pidió a la Junta que fueran apartados y esta reaccionó de inmediato con la apertura de un expediente disciplinario y la adopción de medidas cautelares que incluyeron el traslado de ambos durante seis meses... Leer más.

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